Sánchez emprende una purga cosmética en el PSOE

«Su intervención fue la oda de un fenomenal farsante que apura su juego, aunque sabe que es el final de la escapada»

«Como sucedía con UCD, las corrientes están integradas y soñando con los ministerios»

na vez más, Sánchez no defrauda y ha emprendido una caza de brujas cosmética en la organización del PSOE para tapar el desastre provocado por el ingreso en prisión de Santos Cerdán. La otra cara de la moneda del esperpento sanchista es el presunto líder de la trama que pide al Supremo su libertad, porque no se ha respetado su presunción de inocencia. Es bueno recordar que la primera condena fue protagonizada por Sánchez que prescindió de él y dejó claro ante la opinión pública que lo consideraba culpable. No tardó en marcar distancias con el triunvirato que encabezaba la trama.

No hay duda de que este escenario de corrupción sistémica del PSOE, con los problemas judiciales de la familia de Sánchez, con su hombre fuerte Santos Cerdán en la cárcel, la afición de Ábalos por las putas y Yolanda Díaz haciendo el ridículo, es una gran oportunidad para Pablo Iglesias.Sánchez y Díaz no consiguieron acabar con él, ya que solo lo dejaron herido y muy leve. Ahora emerge como una izquierda que no está sometida al sanchismo y que critica la corrupción mientras que Yolanda se limita a ejercer de edecán del presidente del Gobierno. Con tal de ser ministra está dispuesta a lo que sea. No tiene ninguna influencia y todos la dan por amortizada.

Aestas alturas es muy poco recomendable que alguien quiera unir su suerte al sanchismo. Es un error de manual, pero Carles Puigdemont y Aitor Esteban apoyan a Sánchez. La contradicción con lo que sucedió con la moción de censura contra Rajoy es evidente, ya que entonces se sumaron. Era una corrupción antigua que no afectaba al presidente y su Gobierno. No importaba, porque Sánchez y sus aliados querían alcanzar el poder a cualquier precio. A estas alturas resulta una cruel ironía que fuera Ábalos, que ha conseguido una notable popularidad eclipsando a Torrente, quien defendiera la moción de censura. 

El magistrado instructor ordenó el ingreso en prisión de Santos Cerdán. En pocos días ha pasado de ser el todopoderoso secretario de Organización del PSOE y diputado en el Congreso a ser un preso común acusado de formar parte de una organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Las pruebas son abrumadoras y sus intentos de explicarse ante el juez han sido patéticos. No era más que un pobre hombre sin formación, escasas luces y ciega lealtad a Sánchez. Ahora se tendrá que determinar el alcance de los millones sustraídos con prácticas corruptas y saber si una parte era para el partido. En cualquier caso, los dos secretarios de organización del líder socialista han demostrado ser personas indeseables hasta extremos que eran impensables. 

La inmensa mayoría de los jueces y los fiscales se han movilizado para defender el Estado de Derecho frente al intento de Sánchez de controlar el Poder Judicial. La situación es tan grave que han sentido la necesidad de mostrar su rechazo no solo con las protestas de sus principales asociaciones, sino saliendo a la calle. Al sanchismo y sus aliados políticos y mediáticos les molestan unos jueces y fiscales independientes, porque instruyen causas que afectan a la familia presidencial y a la corrupción sistémica del PSOE. Les gustaría más contar con operadores del Derecho como Conde-Pumpido dispuestos a servir al poder político siempre que sea de izquierdas. No quieren juristas con una buena formación que superen unas oposiciones basadas en el mérito y la capacidad. Esa Justicia del pueblo que denominan democrática es, simplemente, una monstruosidad. Es la peor pesadilla para cualquier demócrata. Nos retrotrae a los planteamientos de la izquierda populista iberoamericana de Hugo Chávez, Cristina Kirchner, Daniel Ortega o Fidel Castro. Por supuesto, nada más cómodo que los jueces y fiscales que había en la Unión Soviética.

En Estados Unidos existe la figura conocida como «Pay to Play» (pagar para jugar), que es un concepto importante tanto en la política como en la administración pública. Se ha convertido en un símbolo de la corrupción institucionalizada. Esto afecta, también, a un acto lícito para conseguir un fin ilícito. Es utilizada por los fiscales en sus acusaciones y la condena más famosa fue a Rod Blagojevich, gobernador demócrata de Illinois, que intentó «vender» el escaño en el Senado que había dejado Barack Obama a cambio de favores o contribuciones. Por un momento, imaginemos que un candidato a la presidencia de los Estados Unidos necesita que le voten siete electores del Colegio Electoral para ser reelegido. La única salida que tiene es «comprar» esos votos con una orden ejecutiva o una ley que signifique amnistiar a unos políticos, entre los que se encuentran sus líderes, que han atentado contra el ordenamiento constitucional. Desde que se produjo ese acontecimiento tan grave, aseguró que una amnistía sería inconstitucional y que nunca lo haría. Por tanto, no solo conoce el fin ilícito de esa decisión, sino que había asegurado que se mantendría firme, pero, finalmente, lo acepta, hace que sus senadores y congresistas voten a favor y los magistrados del Tribunal Supremo que han sido nombrados por su partido acaban estableciendo que es constitucional.

El presidente del Tribunal Constitucional y sus mariachis deberían tener claro que en la vida no se puede tener todo. Lo sucedido con la sentencia que legitima la amnistía sería impensable en cualquier democracia de nuestro entorno. Los defensores del Estado de Derecho y la separación de poderes no se deben resignar ante esta felonía. No se puede aceptar ni esta mutación constitucional ni el uso alternativo del Derecho para complacer a Sánchez y sus aliados. Estamos ante una chapuza propia de juristas inexpertos y poco duchos en la Teoría del Estado y el Derecho Constitucional. Es cierto que los seis firmantes, encabezados por Conde-Pumpido que es

La ley de amnistía fue un escandaloso acto de corrupción política perpetrado por Pedro Sánchez para comprar el voto de siete diputados de Junts y conseguir la presidencia del Gobierno. Un acto de estas características haría nulo cualquier contrato. En cualquier democracia sería impensable que un tribunal constitucional independiente, a diferencia de lo que sucede en España con Conde-Pumpido y sus mariachistas sanchistas, validara algo tan reprobable e indigno como es la autoamnistía. Esto es posible por la catadura moral y la ausencia de principios de los magistrados progresistas del Constitucional, así como del escaso nivel jurídico de algunos.