El podcast de Francisco Marhuenda

La batalla jurídica contra la amnistía es muy trascendente. No es algo baladí. Es necesario defender el Estado de Derecho y la separación de poderes. No es la primera vez que el poder político utiliza el ordenamiento legal de una democracia para imponer leyes que atentan contra la Constitución. Ha sucedido otras veces y volverá a suceder. No hay que sorprenderse porque existan juristas de cámara que lo validen. A la hora de plantearme si es posible evitar este tipo de procesos, el catedrático alemán Bernd Rüthers escribió que es necesario contar con «una generación de juristas que se sienta vinculada al orden democrático de libertades, que sepa de la dimensión política de su profesión y que ponga sus herramientas teóricas al servicio de la Constitución y para su defensa» (Derecho degenerado. Marcial Pons, 2016, pág. 49). Tras las últimas actuaciones del Tribunal Constitucional, como sucede con los ERE, nada podemos esperar de quienes están perpetrando una escandalosa mutación constitucional. Una vez más nos encontramos con el uso alternativo del Derecho para ponerlo al servicio de los intereses partidistas del poder político.

Sánchez bloqueó durante mucho tiempo la renovación del CGPJ. Es cierto que la izquierda política y mediática seguía el argumentario de La Moncloa, porque era conveniente dar la imagen de que el PP no cumplía la Constitución. Es una de las mayores tonterías, y eso que se han dicho muchas durante este tiempo, que promovía el sanchismo con un relativo éxito. Hay que reconocer que el líder del PSOE y su equipo manejan muy bien la propaganda. Durante estos años hemos vivido numerosos ataques contra la Constitución, el Estado de Derecho y la separación de poderes. A pesar de ello, hay una izquierda que aplaude a Sánchez, haciéndose perdonar el antisanchismo que mostró hasta que consiguió la presidencia del Gobierno, y no le importa que la mentira sea el instrumento principal de su acción política. 

Ha llegado el momento tan esperado. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, formada por los magistrados expertos en Derecho Penal más prestigiosos de nuestro país, ha promovido una cuestión de inconstitucionalidad en relación con el artículo 1 de la ley Orgánica de amnistía a la que los socialistas añadieron el pomposo y falaz título «para la normalización institucional, política y social en Cataluña». El contenido del auto es demoledor, porque establece que «vulnera el derecho constitucional a la igualdad ante la ley» y «los principios de seguridad jurídica y proscripción de la arbitrariedad que proclama la Constitución» a la vez que podría vulnerar el «principio de exclusividad jurisdiccional». El Gobierno de izquierda radical espera que Conde-Pumpido cumpla con su papel y declare la constitucionalidad de la norma. No importa que el propio Sánchez dijera en su día que no lo era o que reconociera que la impulsó para comprar la investidura, lo que muestra el fin ilegítimo de la norma. El presidente del Constitucional es un experto jurista, magistrado de esa Sala y fue uno de los fundadores de la asociación progresista «Jueces y Juezas para la democracia». Fue Fiscal General del Estado nombrado por un gobierno socialista.

¿Dónde está la mayoría de izquierdas? La realidad es que nunca ha existido más allá de la imaginación enfebrecida del sanchismo y sus aliados políticos y mediáticos. Estamos ante una impostura política que choca con la realidad. La izquierda está en minoría en el Congreso y Sánchez compró la investidura a cambio de una amnistía que aseguraba que era inconstitucional.

La estrategia sanchista es descalificar al juez Peinado por atreverse a investigar las actividades empresariales de la mujer del presidente. Hay unas denuncias que se formularon sin defectos de forma dando paso a una instrucción. En el Estado de Derecho no importa quién las presentó, sino que se ajustaban a lo que establece nuestro ordenamiento.

La presión de las élites demócratas, encabezadas por Obama, han conseguido poner punto final a la pretensión de Biden de presentarse a la reelección. La situación no podía ser más desastrosa.

La impericia jurídica del entorno de Sánchez siempre me sorprende. No aprenden de los errores. Es una insistencia que me lleva a preguntarme dónde han pillado este conjunto de leguleyos tan inexpertos como pretenciosos. Es verdad que el sanchismo cuenta con jueces defensores del uso alternativo, como Conde-Pumpido, y publicistas, encabezados por José Miguel Contreras, dispuestos a acudir en su socorro.

Conde-Pumpido ha decidido destruir el prestigio que le quedaba consagrando la impunidad de los ideólogos y autores de la corrupción sistémica del PSOE. No le importan las críticas y el desprecio que concita entre los magistrados y fiscales de sala del Supremo.

Hace años aprendí que no hay nada peor en política que hacer el ridículo. Es lo que sucedió con la comparecencia de Sánchez. Se anunció como si fuera Moisés bajando del Sinaí con las tablas de la ley. La desaparición de Barroso ha dejado un importante vacío en La Moncloa y su aparato de propaganda, ya que su sucesor, José Miguel Contreras, le pone voluntad, pero no da una. 

miércoles con la comparecencia de Sánchez en el Congreso para anunciar un plan de regeneración democrática que realmente es una Ley de Defensa del Sanchismo y contra la libertad de expresión. La izquierda impuso una Ley de Defensa de la República que se incluyó en la Constitución de 1931. Fue una norma que dividió y enfrentó a los españoles. Fue un gran error y sirvió para perseguir a la prensa. Sánchez sigue los mismos pasos, con menos talento jurídico y con el único objetivo de lanzar una cortina de humo para esconder sus problemas.