Dossier Negro

Sònia López es la madre de Laia Alsina, la niña de 13 años que, en junio de 2018, Juan Antonio López Ortiz, de 42 años, secuestró, violó y asesinó. El hoy condenado a prisión permanente revisable vivía esos días en el mismo bloque en que lo hacían los abuelos de Laia, que, con frecuencia, se quedaba con ellos por las tardes hasta que sus padres la venían a buscar.Al hablar con Dossier Negro, Sònia López crea un relato de una tremenda sinceridad en el que aporta, además de sus sentimientos y el modo en que ha elaborado el luto, elementos de debate que instan a la reflexión. En la conversación, por momentos, hace esfuerzos de contención y en otros, suelta un poco las riendas del discurso y se muestra enfadada.

Laia Alsina, de 13 años, desapareció en 2018 mientras bajaba las escaleras del edificio donde vivían sus abuelos, en el segundo piso de un bloque de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Su padre la esperaba en la calle con su coche para irse a casa, pero como si se tratara de un maldito hechizo durante el descenso su presencia se desvaneció.La familia y el vecindario se pusieron a buscarla por doquier desesperadamente. Un recorrido puerta por puerta por el edificio donde había desaparecida puso de manifiesto la preocupación de los inquilinos por el paradero de Laia y el deseo de colaborar excepto la del hijo de los señores del primero primera, que no mostró la mínima empatía, como si ocultara algo.Actuó como si ocultara algo y es que el cuerpo sin vida de Laia estaba escondido en una de las habitaciones de aquel primero primera la avenida Cubelles de Vilanova i la Geltrú. 

El sangriento asesinato de un matrimonio judío en Melilla en 2005 enrareció el ambiente en la ciudad autónoma. La cuasa de aquella tensión radicó en que las sospechas del doble crimen recayeron en un ciudadano marroquí. El sospechoso de las dos muertes violentas fue el carpintero que había fabricado los muebles para el bebé que la pareja estaba esperando en el momento del crimen. El equilibrio de la ciudad orgullosa de sus tres culturas -la cristiana, la musulmana y la judía- estaba en peligro. El juicio por el doble asesinato fue uno de los momentos culminantes de este proceso que culminó de un modo inesperado.

El marido de Piedad Moya, Mohamed Taheri, del que hacía meses que se había separado, fue detenido por los Mossos d'Esquadra como sospechoso de la desaparición forzosa de la mujer. El arresto se produjo el 4 de mayo de 2014, un mes después de que la víctima resultara ilocalizable.La instrucción del caso entrañaba una enorme dificultad porque no había pruebas directas como ADN o huellas digitales que implicaran al sospechoso. La familia de Piedad Moya, a pesar de ello, estaba convencida de la implicación de Taheri en la desaparición de la mujer. El juicio se convirtió en una batalla legal sin cuartel entre la Fiscalía y los abogados de la defensa y la acusación particular.

El Tribunal Supremo hace tiempo que sentó jurisprudencia en el sentido de que se puede condenar a un acusado de homicidio o asesinato, aunque no se localicen el cadáver o cadáveres de las víctimas. El caso de Piedad Moya encaja a la perfección en este supuesto. Esta vecina de Mataró (Barcelona), de 44 años, desapareció el 4 de abril de 2014. Su familia la busca desde entonces sin descanso, aunque las opciones se agotan. La persona que se supone que acabó con la vida de la víctima, que permanece en prisión, nunca ha reconocido los hechos y, por tanto, sigue sin revelar a día de hoy dónde ocultó el cadáver.

El cuerpo de Encarnación Guardia, de 36 años, entró en el Instituto Anatómica Forense de Granada una fría noche de febrero de 1990. Su cadáver presentaba, a simple vista, atroces heridas localizadas en la zona vaginal y anal.Muy pronto se descartó que aquella muerte hubiera sido el resultado de una violenta agresión sexual. Encarnación había muerto en casa de su tía en el barrio del Albaicín mientras algunos parientes y un curandero, conocido como El Pastelero, practicaban una suerte de exorcismo convencidos de que el Maligno había dejada embarazada a la víctima.

Una disputa por un pequeño terreno donde la Junta Vecinal de Liermo (Cantabria) quería levantar en 1980 un parque infantil generó tal inusual tensión en la localidad que la discusión desembocó en una tragedia con siete muertos.Dossier Negro da una nueva visión de un suceso que algunos han etiquetado como el Puerto Hurraco del norte español, si bien la tragedia extremeña se produciría diez años después de la masacre de Liermo.

Un individuo vestido con ropa militar y que se movía por los montes de las comarcas limítrofes de las provincias de Valencia y Teruel evitando el contacto humano inició en los primeros días de 2020 una serie de robos en viviendas que en el momento del allanamiento no estuvieran ocupadas por sus propietarios. Vaciaba las neveras y se instalaba unos días. No hubiera despertado tanta atención de los vecinos y de la Guardia Civil si, cuando se le antojaba realizar ciertos desplazamientos, no hubiera robado vehículos a punta de escopeta.  Su progresiva osadía con tales manejos, lo convirtió en un maleante montaraz perseguido por cielo y tierra. Finalmente acorralado por la Guardia Civil en Muniesa, el Rambo de Requena, como se acabó conociendo a Pedro Lozano Jiménez, abrió fuego contra los agentes malhiriendo a uno de ellos. Con su arresto, las andanzas de este salteador de caminos llegaron a su fin.

Quién más cerca la tenía resultó ser la persona que la justicia señaló como principal sospechoso y acabó siendo el culpable. Serafín Cervilla fue condenado por la muerte de su novia, ocurrida en febrero de 1999. La joven apareció muerta sobre las vías del tren en la localidad leridana de Cervera donde la pareja residía. Su cuerpo estaba semidesnudo y, aunque a primera vista pareció tratarse de un suicidio, muy pronto se descubrió que había sido asesinada y su cuerpo brutalmente ultrajado con la introducción de una barra de hierro por la vagina. Cervilla ha cumplido ya su condena y está en la calle. Jamás ha confesado el crimen. Mantiene su inocencia, aunque no quiere revivir lo ocurrido. Sin embargo, uno de sus abogados apuntala la versión de no culpable de su cliente más allá de los años. 

Manuel Delgado Villegas confesó más de 40 asesinatos, aunque finalmente solo se le pudieron atribuir siete. A pesar de esa intensa actividad criminal, no llegó jamás a pisar una prisión y pasó sus días hasta la muerte, en 1998, en centros psiquiátricos. Se calcula que el periodo en que cometió los crímenes transcurrió entre 1964 y 1971. El móvil de los asesinatos siempre fue algo confuso como el mecanismo de su psique: voces que le empujaban a matar o discusiones por las cuestiones más nimias que desembocaban en un brutal ataque. En alguna ocasión, mantuvo relaciones sexuales con alguno de los cadáveres.