Noticias de América

El presidente de El Salvador aseguró que su ejército destruyó el cuartel general de 400 Mawozo, donde operaba la banda criminal haitiana del mismo nombre y liderada por Wilson Joseph. Bukele desplegó más de 2 000 militares en Haití a finales de octubre para rescatar a cuatro soldados salvadoreños desaparecidos tras un ataque de pandillas en la capital. Amnistía Internacional asegura que ambos países no han precisado el objetivo de la misión salvadoreña y que haya “víctimas colaterales”. En un mensaje en X escrito en criollo haitiano y acompañado de un video de la operación, Bukele afirmó que sus tropas destruyeron la casa y el "cuartel general" de Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, señalado como jefe de la banda. Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, espera que se conozca lo más pronto posible el paradero de los soldados salvadoreños, pero también que haya transparencia en las operaciones del ejército de El Salvador para evitar víctimas colaterales. En concreto, que haya "salvaguardas en materia de derechos humanos”, “protocolos claros del uso de la fuerza”, “la protección de niños y niñas” y “mecanismos independientes para denuncia y rendición de cuentas por los abusos que se puedan cometer en sus acciones”. “La población haitiana no puede seguir viviendo bajo la violencia y el miedo, y eso implica que las fuerzas de seguridad de cualquier país no debieran ser fuentes de más abusos y más violaciones de derechos humanos, de manera similar a como lo han hecho las pandillas hasta ahora”, explicó.  Transparencia Amnistía Internacional instó a El Salvador y a Haití a publicar el acuerdo entre ambos que ampara el despliegue militar salvadoreño y la garantía de los derechos humanos, pero ninguno de los dos países ha sido claro en los objetivos de las operaciones de seguridad.  Lo único que se sabe, de acuerdo con Piquer, es que El Salvador participó en el “supuesto ataque al cuartel” de la pandilla 400 Mawozo, pero “no está claro el objetivo”. “Aparentemente habrían sido tropas salvadoreñas. Las tropas salvadoreñas, en teoría, están abocadas a buscar a los soldados salvadoreños desaparecidos. No está claro tampoco a quiénes afectó. Ese es justamente el tipo de asunto que nos parece fundamental que se transparente. Las fuerzas de seguridad militares que están operando en Haití no debieran hacer ataques indiscriminados sin importar a quién afecte con la excusa de perseguir a las pandillas”. Piquer recordó que AI ha denunciado “ataques indiscriminados utilizando drones que afectan a toda la población, también incluyendo a niños y niñas sin distinción: el hecho de que las pandillas cometan abusos gravísimos, como de hecho también lo hemos documentado específicamente respecto de abusos y violaciones de derechos humanos respecto de niñas y niños no justifica que las fuerzas de seguridad, a su vez, también cometan abusos igualmente graves”. La ONU confirmó el pasado 2 de noviembre que recibió una carta de Joseph, quien pidió la mediación internacional para un diálogo de paz, tras la llegada a Puerto Príncipe del contingente salvadoreño.

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Espa, viajó a Moscú para pedir información sobre más de 459 peruanos que, según él, fueron reclutados por las fuerzas rusas para combatir en Ucrania. En una reunión con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, reclamó respuestas para las familias sobre si sus seres queridos están vivos, han muerto o son prisioneros de guerra, así como acceso a los heridos y la repatriación de los fallecidos.  Este lunes, Perú pidió a Rusia que explique el paradero de los nacionales que fueron reclutados por su ejército para combatir en Ucrania. Desde mayo ya se conocían casos de ciudadanos peruanos que fueron llevados a Rusia para trabajar, pero una vez ahí fueron enviados a la guerra y perdieron contacto con sus familiares.  "Detrás de cada uno de estos casos hay familias que esperan noticias de sus seres queridos", dijo Carlos Espá explicando a su homólogo ruso, Serguei Lavrov, la incertidumbre que viven las familias que aseguran que 459 peruanos fueron llevados a Rusia con mentiras para que se unieran a la guerra. Su derecho es conocer si se encuentran vivos o si han fallecido o si son prisioneros de guerra. "Por ello venimos a Rusia con el propósito de avanzar en las gestiones políticas, humanitarias y consulares", agregó el canciller peruano.  Los familiares quieren que estén de vuelta por Navidad.  El abogado Percy Salinas Tumbaco, consultor especialista en Derecho Internacional y antiguo asesor de los familiares, considera que Espa está llevando este caso con más determinación que el gobierno anterior, liderado por el expresidente José María Balcázar. El gobierno pasado no quería intervenir en este tema porque consideraba que estos eran contratos entre privados. Entonces saludamos que el canciller hoy esté con las autoridades rusas, pero lo que queremos saber es cuáles van a ser las acciones, porque las familias que están acá desean conocer cuándo llega su familiar. A ellos no les interesa que haya un plazo que van a coordinar. O sea, su familia quiere tener esta Navidad a su familiar en casa", afirma.  Rusia, por su parte, asegura que sus contratos respetaban las leyes, pero el abogado Salinas Tumbaco considera que violaban las normas del Perú y los acuerdos internacionales. Todos los contratos que se celebren con un país extranjero de idioma extranjero que no sea el español tienen que ser el contrato en español. Y en segundo, la empresa debe tener registrado contrato en el Ministerio de Trabajo de Perú. Eso nunca se ha dado. Ahora el 95% de los peruanos que han ido o que están en esta situación no son militares", insiste.  Rusia comete trata de personas, según AI  Amnistía Internacional considera que Rusia comete trata de personas en países con elevados índices de pobreza. Esa fue una de sus conclusiones del informe que publicó en septiembre y que el abogado Salinas Tumbaco confirma con recientes casos. Estos reclutamientos se producen en toda Latinoamérica. A mí a diario me contactan personas que están allá y no saben qué hacer. Entonces, esto ya no es un tema solamente de Perú. "Esto debe ser tratado por un tema ya humanitario", pide el letrado.  Mientras los familiares de los ciudadanos peruanos insisten en que fueron llevados con mentiras, Rusia asegura que se alistaron a su ejército de manera voluntaria.

Estados Unidos sigue considerando Nicaragua como una amenaza para su seguridad, es por ello que el presidente Donald Trump ha decidido prolongar hasta noviembre de 2027 el poder de la Casa Blanca para congelar activos y limitar transacciones de personas o entidades vinculadas al régimen de Ortega y Murillo. Los opositores consideran que este tipo de sanciones individuales no son suficientes y llaman a un sistema de sanciones eficaz.   Desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, persecución política, ataques a la prensa y tortura hacen parte de las violaciones a los derechos humanos ejercidas por el régimen de Ortega y Murillo en Nicaragua, según los informes de diversas organizaciones como la ONU. Con este argumento, Estados Unidos identifica al país centroamericano como una amenaza para la política exterior y ha renovado su paquete de sanciones por un año más, buscando presionar a dicho gobierno.  Dora María Téllez, historiadora y ex comandante de la Revolución sandinista, teme que no sea suficiente. "Las sanciones de Estados Unidos se han basado en sanciones individuales, sanciones a la policía y alguna otra institución más, sanciones a algunos sectores económicos, digamos las exportaciones de oro a los Estados Unidos, pero no en general. Pero hasta ahí han llegado las sanciones", dijo a RFI durante un acto en la Casa de América Latina de París celebrado este viernes.  "Si el régimen no se abre a un diálogo con esta Comisión de la OEA, pueda haber una recomendación de sanciones que puedan ser aplicadas por todo el resto de países del continente americano" "Lo que esperamos nosotros es que si la comisión que formó la OEA no tiene resultado, si el régimen no se abre a un diálogo con esta Comisión de la OEA, pueda haber una recomendación de sanciones que puedan ser aplicadas por todo el resto de países del continente americano. Pero eso está pendiente" La OEA busca dialogar con el ex guerrillero sandinista Daniel Ortega en el poder desde hace casi 20 años y su esposa Rosario Murillo, a pesar de haber retirado a Nicaragua de dicha organización en 2023 por su deriva autoritaria. Pero dicho régimen se mantiene en silencio. Un silencio que también caracteriza lo que sucede dentro del país, dice el periodista en el exilio Carlos Fernando Chamorro. "El último informe de Reporteros Sin Fronteras ubica al régimen de Nicaragua entre los más potentes depredadores de la libertad de prensa. Para empezar, no hay un medio de comunicación independiente en Nicaragua. Los que había fueron confiscados, cerrados u obligados a reubicarse en el exilio", denuncia Chamorro.  "Cuando la población se expresa incluso a través de las redes sociales, esas son derechos y acciones que son criminalizados" "En Nicaragua no hay corresponsales extranjeros de medios internacionales independientes. Lo único que hay son unos delegados de Russia Today y de la Agencia China de Información, pero corresponsales extranjeros no existen. Y por el otro lado, cuando la población se expresa incluso a través de las redes sociales, esas son derechos y acciones que son criminalizados", agrega el comunicador que se encuetra en el exilio.  La situación en Nicaragua se agravó desde las protestas antigubernamentales de 2018 que terminaron en una fuerte represión. Desde entonces se calcula que al menos un 12% de la población ha abandonado el país.

El 10 de agosto de 2026 la tierra tembló en el oeste de Colombia. El fuerte terremoto de 7,4 grados dejó 330 muertos y destruyó más de 30.000 viviendas. Casi tres meses después, miles de damnificados siguen sin recibir la ayuda prometida, cientos continúan durmiendo en carpas, otros con el temor a que las casas se les caigan encima. Ricardo Peñuela, el secretario de Gestión del Riesgo de la Ciudad de Cali, una de las ciudades más afectadas, denuncia a RFI que hay decenas de millones de euros de donaciones que no aparecen por ningún lado.  "A mi casa se le cayó el techo. El apartamento quedó inhabitable, las gradas están agrietadas. Cuando uno pasa o sube, se mueven y hasta el momento no hemos recibido nada de ayudas", explica a RFI, Blanca, una de las miles de personas que tuvieron que salir de su casa tras el terremoto del pasado 10 de agosto. Ella es también una de las miles que no aparece en las listas del gobierno para acceder a las ayudas, a pesar de haberse registrado. Ricardo Peñuela, el secretario de Gestión del Riesgo de la Ciudad de Cali, entidad encargada de responder a la tragedia, calcula que hay unas 10.000 viviendas que no están censadas y admite fallos. "Hay personas que no están censadas, que quedaron censadas con algunas inconsistencias y es lo que estamos arreglando con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Uno entiende la desesperación. Han ido mil veces a la feria de servicio, han mandado correos... Lo primero que nos dieron fueron diez días desde la entrega de la clave, el 14 de agosto hasta el 24 de agosto. Cerraron una primera vez y luego cerraron el 4 de septiembre. Fue poco tiempo para poder tener un diagnóstico total. Cali sufrió severos daños", explica Peñuela.  No estamos hablando solo de Cali, Pereira, Armenia, Quibdó. Cientos de ciudades y municipios fueron afectados y los damnificados denuncian una ayuda a cuentagotas o inexistente. En Cali, donde unas 20.000 viviendas quedaron afectadas, se han entregado alrededor de 16 y se inició un programa de subsidios, pero no todos lo reciben. A nivel nacional los recursos destinados a los afectados son objeto de un escándalo que involucra la primera dama. Millones de dólares de donaciones no aparecen El senador opositor Alejandro Ocampo presentó un recurso judicial para exigir transparencia, pues las donaciones anunciadas por el presidente Abelardo de la Espriella a través de redes sociales sobrepasan los 200 millones de dólares, según el recuento de medios locales, pero la primera dama solo ha informado de tener alrededor de 17 millones. "No aparece el dinero donado por Estados Unidos, que eran 25 millones de dólares" "No aparece el dinero donado por Estados Unidos, que eran 25 millones de dólares. No aparece el dinero donado por Emiratos Árabes, que eran 10 millones de dólares. Es demasiado dinero el que falta y no aparece. El juez ordenó a que miraran los soportes. Enviaron ahí una comunicación sin soportes, es decir, sin estados financieros firmados por nadie, sin residuos de consignación, nada. Con 200 millones de dólares se podría reconstruir una cantidad de casas y apartamentos increíbles. Pero la plata no aparece", denuncia Peñuela.  El fuerte terremoto dejó 330 muertos y destruyó más de 30.000 viviendas. Cientos de familias siguen durmiendo bajo carpas en las calles y reclaman una respuesta transparente sobre los mecanismos de ayuda nacional.

Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México, atraviesa una crisis hídrica sin precedentes. El agua de la llave sale color café, maloliente y llena de residuos. Los habitantes exigen una solución al gobierno local, pero el origen del problema es mucho más preocupante: las reservas de agua que abastecen a la ciudad llevan décadas contaminadas. Reportaje de nuestra corresponsal Marine Lebègue en esta región que la ONU calificó de “zona de sacrificio”. Enrique Rivera se apoya en la barandilla que da a una cascada gigante. Creció aquí, a orillas del río Santiago, que pasa por su pueblo y abastece de agua a Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México. El agua de la cascada cae con una capa de espuma blanca y levanta un olor a huevo podrido y a detergente. “El problema está en el aire y en el suelo” “Esas espumas blancas son los jabones industriales y domésticos. Al efecto de la caída, también provocan aerosoles que, según los vientos dominantes, se pueden ir hacia el pueblo del Salto o el pueblo de Juanacatlán. Entonces el problema ya no está solamente en el río puerco, en el río mugroso. Ahora el problema está en el aire, y en el suelo, en la tierra”, explica Rivera. Esta contaminación viene de una zona industrial situada río arriba del Santiago. Desde los años 60, las fábricas desechan sus residuos tóxicos en el río. La familia de Enrique y su esposa, Garciela, son originarios de El Salto y viven a dos calles de la orilla. “Lo más pesado que se nos ha hecho, bueno a mí, es lidiar con los enfermos jóvenes. Van a la prepa y un día se vomitan y ya no van a la prepa porque tienen insuficiencia renal. Incluso muchos niños ya nacen con cáncer. Aquí mi vecina al otro lado. Además, son cánceres agresivos”, comenta Garciela. Inacción de las autoridades Para dar pruebas del vínculo entre la contaminación y las enfermedades, Sofía, la hija de Enrique y Garciela, ha llevado a sus hijos, de 8 y 10 años, a realizarse pruebas médicas. Cuenta que “los metales que encuentran en la sangre y orina de mis hijos son: plomo, arsénico, cadmio, mercurio, cobre, cromo, manganeso y aluminio. El aluminio, mi hijo tiene casi seis veces más que lo máximo permitido en un adulto. Y él tiene dieciséis veces más, el aluminio en sangre”. Sofía presentó estas cifras al gobierno local, pero por el momento, el silencio continúa: “Lo único que nos han dicho es que la única solución es que nos vayamos de aquí. ¿Y uno dónde se va? ¿Uno dónde se va si aquí tiene su patrimonio, aquí tiene sus muertos, aquí tiene su identidad? Aquí uno siendo bien pobre porque las casas no tienen valor. ¿A quién le vendes tu casa, a dónde te vas a ir a vivir? ¿Quién se quiere venir a vivir a tu casa?”, subraya la mujer. La única esperanza para los habitantes del Salto, es aprovechar el impacto mediático generado por la crisis del agua en Guadalajara para llamar la atención de un gobierno local que se niega a ver a estos sacrificados.

Tras la derrota electoral del Partido Republicano en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, Donald Trump debe hacer frente a una nueva realidad política con la oposición como mayoría en ambas cámaras… Pero ¿cómo sería esta nueva relación con el Legislativo? Hasta ahora, Donald Trump contaba con el silencioso apoyo del Legislativo tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, donde los republicanos eran mayoría. Pero las elecciones de medio mandato han dejado a los demócratas con una colectividad muy superior. Y aunque el presidente aún podría seguir haciendo uso de su lluvia de decretos para gobernar, el Congreso tendría la potestad de frenar la billetera. “El mecanismo más potente que tiene el Congreso con relación a la rama ejecutiva es el manejo de los recursos públicos. Algunos dicen que el Congreso es el dueño de la cartera, no se puede gastar sin sacar la cartera y quien saca la cartera es el Congreso. En este sentido, hay varias necesidades que Donald Trump va a tener a lo largo de los próximos dos años, cuando de aprobar recursos públicos se trata que indudablemente el Congreso va a ejercer su peso, para asegurarse que no se apruebe nada que no lleve suficientes mecanismos de control”, analiza para RFI Oscar Chacón, asesor de estrategias de la organización Alianza Américas. Además del presupuesto, los demócratas también podrían cambiar leyes, pedir rendición de cuentas, investigar decisiones de gobierno o incluso hacer juicio político a miembros del gabinete, al secretario de Defensa Pete Hegseth por ejemplo, como ya fue propuesto hace unos meses.  El poder judicial debe “repensar su grado de sometimiento” a Trump Pero la rama judicial también juega su rol, y aunque ha sido acusada de inclinar la balanza a favor de Trump, Chacón estima que tras los comicios, sus integrantes podrían moderarse: “Creo que, de aquí en adelante, por lo contundente que ha sido la derrota electoral que enfrentó Donald Trump el pasado 3 de noviembre, es muy posible que las cortes tengan que repensar su grado de sometimiento a los caprichos de Donald Trump, a los caprichos de la Casa Blanca”. El analista subraya que si bien “existe el riesgo, indudablemente, de que medidas que el Congreso busque aprobar, y puedan tener la garantía de superar el intento de un veto presidencial, pudieran ser bloqueadas por la Corte”, para él “esto redundaría en un desprestigio sin precedentes para el poder judicial”. Varios representantes demócratas elegidos el martes, como Hakeem Jeffries, han prometido abrir investigaciones contra la corrupción masiva que, dicen, ha sufrido el país durante este gobierno. Trump, de su parte, asegura que usará su poder de veto ante las iniciativas del Legislativo que no sean de su agrado.  

La oposición pide la destitución del presidente Santiago Peña, y de su vicepresidente, Pedro Alliana, tras que la intervención de Ueno Bank desatara una crisis bancaria esta semana. Los clientes del banco digital, que representan un tercio del país, siguen esperando acceder a sus fondos. La crisis estalló este martes 3 de noviembre, cuando el Banco Central paraguayo ordenó cerrar Ueno, un banco que reúne casi tres millones de clientes, es decir, un tercio de los seis millones de habitantes del país. Las cuentas bancarias fueron congeladas, al igual que los fondos privados y públicos, que no cubre el fondo de emergencia, aprobado este miércoles. Gustavo Fretes es empleado del grupo Vimedia, que cerró inmediatamente tras el escándalo, pues el banco era el principal sustento del conglomerado. "Nosotros éramos empleados y, al mismo tiempo, ahorristas: nuestros ingresos se realizaban a través del banco que era del grupo afectado. Hoy tenemos nuestros salarios congelados, no podemos acceder", asegura Fretes. Varios fondos privados se encuentran a la deriva y se estima que hay alrededor de 850 millones de dólares de fondos públicos comprometidos, como el del sistema de salud, que aún no se sabe cómo se recuperarán, plantea el senador del partido liberal Eduardo Nakayama. "No se cubren los fondos previsionales ni los fondos públicos que van a tener que seguir aguardando la resolución del banco para recuperar su dinero", afirma a RFI el senador opositor. Por qué señalan a Peña Nakayama es uno de los congresistas que le reclaman al presidente Santiago Peña su presunto vínculo permisivo con esta entidad bancaria, ya que el mandatario fue accionista de Ueno Holding hasta inicios de 2025. "Lo que más se ha reclamado y reclama al gobierno y, principalmente, al presidente de la República, es su falta de comunicación; que dé la cara. El banco Ueno ha sido desde el inicio vinculado al presidente porque tanto él como su hermano tienen o tuvieron vinculación accionaria. Sin embargo, siempre surgieron dudas sobre la preferencia que Peña podría haber dado al banco para poder concentrar estos fondos públicos", asegura Nakayama. "El banco sobrepasó todos los límites en el otorgamiento de créditos a empresas vinculadas... lo que no tuvimos nosotros en la respuesta del Banco Central", afirma el senador. La crisis bancaria que sacude al país suramericano está lejos de ver la luz: los ahorristas han tenido un respiro tras la aprobación del fondo de emergencia y esperan recuperar todo su dinero, pero en dos días ha habido intentos de fraude, colapso de otras entidades bancarias por apertura masiva de cuentas y continúa una gigantesca investigación de la fiscalía que de momento deja 27 personas imputadas. Entre ellos, su director, Alejandro Gómez Abente, con prisión preventiva y arresto domiciliario para otros siete altos cargos.

Elon Musk, en el bando republicano, y Michal Bloomberg, en el demócrata, son dos de los principales financiadores de las elecciones de medio mandato que tuvieron lugar la víspera en Estados Unidos y que se han convertido en las más costosas de la historia de ese país. La ONG Open Secrets se pregunta sobre los beneficios que podrían recibir empresas del uno y del otro en su calidad de grandes contribuyentes. Open Secrets, ONG que se dedica a investigar el dinero en el sistema político estadounidense, estima los gastos de las elecciones de medio mandato de noviembre de este año en Estados Unidos en unos 12.000 millones de dólares. ¿Quién está detrás de esa suma récord? Esta es la gran pregunta sobre la financiación de las campañas para estas elecciones que han marcado una aplastante derrota para Trump y una de las más humillantes para los republicanos. Este sistema beneficia tanto a los republicanos, que agrupan los tres mayores donantes, como a los demócratas, dice Hilary Bradset, directora ejecutiva de Open Secrets. "En el bando demócrata Michael Bloomberg es la cuarta persona que más ha donado: unos 83 millones de dólares. Así que estos nombres nos resultan familiares. Estas personas tienen intereses empresariales en juego. Elon Musk, por ejemplo, tiene empresas que se benefician enormemente del gobierno con grandes contratos públicos. Así que, en su caso, también se podría argumentar que hay un interés significativo en juego para él, desde el punto de vista empresarial", explica Bradset.   Elon Musk es, sin lugar a duda, el mayor donante de estas elecciones con 474 millones de dólares destinados al partido republicano. Esto lo hace también a través de las "Super PACs", un mecanismo aprobado por el Departamento de Justicia en 2010 que permite recaudar fondos sin ningún techo y con cierta opacidad, para financiar anuncios, encuestas y otros contenidos de campaña. Pues aunque existen reglas, su regulación es casi inexistente asegura Braseth. "Existen normas que, en teoría, regulan a estos grupos. Sin embargo, en Estados Unidos su aplicación es muy laxa. En teoría, estos grupos no pueden coordinarse con las campañas en lo que respecta a sus gastos, pero en la práctica esta norma se cumple de forma muy laxa. Hemos visto, sobre todo durante el último año, el auge de una coordinación evidente y abierta entre estos grupos y las campañas, incluido un fenómeno denominado ‘red boxing’. Y eso es básicamente un manual de estrategias que estos super PAC pueden seguir para gastar a favor o en contra de un candidato", precixa. Hilary Bradset alerta que estos mecanismos son dañinos para la democracia pues, desde 2001 no se ha llevado a cabo una reforma integral de la financiación de las campañas electorales y las últimas cifras muestran un patrón de los mega donantes relacionados con la inteligencia artificial, las criptomonedas y los grupos de presión que promueven a Israel.

En Estados Unidos, este 3 de noviembre es día de elecciones. Y aunque tienen lugar en todo el país, los analistas estiman que serán menos de 10 estados los que definirán si Trump conserva la mayoría en el legislativo. La cámara de representantes renueva sus 435 escaños, pero serían 37 los que determinarían si la mayoría es para los republicanos o para los demócratas. Esos escaños se encuentran en ocho estados. “Yo creo que son Arizona, California, Colorado, Nuevo México, Texas, por supuesto, y en el este, Nueva Jersey y Nueva York y Pensilvania. Eso creo que son los que están reñidos. Aunque claro, todo esto sacando la información de encuestas”, detalla para RFI la profesora de Ciencia Política y especialista de Estados Unidos en la Universidad Complutense de Madrid, Paloma Román Marugán.  Encuestas poco favorables para lo republicanos Las últimas encuestas no le son favorables a los republicanos, a pesar de que el presidente Donald Trump modificó los mapas electorales, esperando sumar 15 escaños a los 218 que tiene actualmente. “Creo que lo mismo no les sale bien la jugada, o tan ajustada como ellos la han ideado. En el caso de los republicanos, pues por supuesto Texas, que es de los grandes mitos republicanos, Louisiana, Alabama, Florida, Carolina del Norte, Tennessee y Ohio, que son donde se han hecho estas reformulaciones de los distritos. Pero según parece, lo mismo no se consigue lo que se persigue”, comenta la analista. Los demócratas aplicaron la misma estrategia en California y en Utah en busca de ganar escaños. Ahora, para el Senado, la batalla electoral sería en nueve estados, con tres muy importantes: “Iowa está ahí, en una situación todavía de indecisión. Pero vuelvo a citar Texas, por supuesto, que lleva más de, creo que 38 años, sin que gane un senador demócrata. Y lo más llamativo quizá también sea que esté en juego el senador republicano por Kansas, que Kansas desde 1932 no gana un demócrata. Entonces, yo creo que estos son los estados que están más en la mirada. También es que llega un presidente con una popularidad bajísima”, concluye Paloma Román Marugán.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha enviado unos 2.000 militares a Haití para rescatar a cuatro soldados de la misión antipandillas de la ONU desaparecidos desde el 18 de octubre tras una emboscada de grupos armados a las afueras de Puerto Príncipe. El despliegue, presentado oficialmente como una operación de rescate, despierta dudas entre los expertos, que se preguntan si el modelo antipandillas de Bukele puede funcionar en un país donde las pandillas controlan buena parte de la capital y si no contribuirá, en cambio, a fragmentar los esfuerzos de seguridad internacionales ya en curso. El presidente salvadoreño Nayib Bukele ha llevado su guerra contra las pandillas más allá de sus fronteras. El Salvador ha desplegado unos 2.000 militares en Haití tras la desaparición, el pasado 18 de octubre, de cuatro soldados que integraban la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), la misión apoyada por la ONU, en una zona controlada por grupos criminales a las afueras de Puerto Príncipe. Lo que comenzó como una operación de rescate amenaza con convertirse en una nueva ofensiva contra las pandillas haitianas. Según el registro del proyecto ACLED, en el área de Santo —en Croix-des-Bouquets, al norte de la capital— se ha producido en los últimos días un incremento sustancial de las operaciones de seguridad, con uso de apoyo aéreo y enfrentamientos con las pandillas. El envío de tropas supone un salto en la implicación de El Salvador en la crisis haitiana. Pero la llegada de militares entrenados en la lucha contra las pandillas también despierta interrogantes, advierte la analista María Fernanda Rocha: "¿Puede el modelo antipandillas de Bukele funcionar en un país donde los grupos armados controlan buena parte de la capital? ¿Podría aumentar todavía más la violencia contra los ciudadanos? Se aumenta el riesgo de descoordinación o de que haya un detrimento de los esfuerzos que ya se venían haciendo. Decir ahora si es bueno o es malo es todavía muy temprano. Esta incertidumbre solamente contribuye a que aumente ese riesgo de que los esfuerzos se fragmenten y se pierda lo que es el potencial de tener apoyo". Haití se agravó tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Desde entonces, las pandillas han extendido su poder, mientras que el Estado es incapaz de garantizar la seguridad. Para Bukele, esta intervención podría suponer además una oportunidad de proyectar internacionalmente su política antipandillas. Y así lo dejó caer hace unos días: "Si acabamos con las pandillas de acá, podemos acabar con ellos. Es decisión de ellos si quieren que los acabemos o no. En ese camino, vamos a darle una lección a las pandillas que los secuestraron". La intervención intensiva genera, sin embargo, dudas entre expertos y organizaciones internacionales. "La gran pregunta es cuál va a ser el resultado de esto, porque tampoco sabemos si el objetivo es solamente el rescate. Hasta ahora es incierto. Y si no es eso, ahora se abren un montón de posibilidades, si se planea que esto sea un despliegue a largo plazo", señala Rocha. Mientras continúa la búsqueda de los militares en Haití, crece la incógnita sobre si este despliegue traerá más seguridad, o más violencia.