
El verdadero peligro de las próximas elecciones: un INE de rodillas ante el crimen y la injerencia
Mario Flores se reunió recientemente con Carlos Rivera, consejero electoral del PAN y funcionario público con larga trayectoria en temas electorales.
En ese encuentro, Rivera expuso con claridad un diagnóstico que pocos quieren escuchar: México está caminando hacia unas elecciones futuras con serios riesgos de debilitamiento institucional, no porque falten leyes o experiencia, sino porque se está desmantelando —con aplauso popular— la capacidad operativa del propio sistema electoral.
Lo que está ocurriendo no es nuevo en términos de crítica al costo de la democracia; lo nuevo es la intensidad y la velocidad con la que se están recortando recursos al árbitro electoral.
Desde 2014, con las reformas que crearon el INE, México había logrado construir uno de los sistemas electorales más robustos y profesionalizados de América Latina: padrón biométrico de casi 100 millones de personas, credencial con fotografía que sirve como identificación oficial, cadena de custodia de boletas casi blindada, conteo rápido, PREP, conteos distritales y un ejército de más de 1.5 millones de ciudadanos capacitados cada tres años. Todo eso cuesta dinero... Mucho dinero.
El argumento que más resuena en la opinión pública es sencillo y emocionalmente atractivo: "¿Por qué tanto gasto si ya todo es digital y los partidos ya no necesitan tanto dinero?". Suena bonito.
Pero la realidad es que la digitalización no sustituye la logística física: siguen imprimiéndose más de 300 millones de boletas de papel (porque la Constitución exige voto en papel y secreto), siguen instalándose más de 170 mil casillas en todo el territorio, siguen capacitándose ciudadanos casa por casa, siguen transportándose paquetes electorales a comunidades donde ni hay luz eléctrica.
También cada elección federal genera una derrama económica de decenas de miles de millones de pesos, pero no solo en campañas.
Se contratan impresoras de seguridad, empresas de mensajería especializada, capacitadores, supervisores, personal de bodegas, choferes, hoteles en zonas rurales, alimentos para funcionarios de casilla que trabajan 18 horas seguidas.
Miles de empleos temporales bien pagados y fiscalizados. Cuando se recorta el presupuesto del INE, no se recorta "gasto burocrático"; se recorta capacidad operativa real. Y ahí viene el riesgo mayor: un INE debilitado operativamente es un INE vulnerable.
Ya vimos en 2024 y la de jueces cómo, a pesar de los recortes, se logró organizar las elecciones.
Pero se hizo con el músculo acumulado de décadas y con mucho esfuerzo extraordinario del personal. Si los recortes siguen (y la tendencia es a la baja), en 2027 o 2030 podríamos enfrentar:
- Menos casillas en zonas rurales o de difícil acceso → menor participación.
- Menos capacitación → más errores en las casillas y más impugnaciones.
- Menos personal de supervisión → mayor riesgo de intervención del crimen organizado (ya documentado en cientos de municipios).
- Menos capacidad de auditoría del padrón → mayor riesgo de injerencia extranjera o fraudes internos.
El propio López Obrador, durante seis años, atacó al INE casi diariamente, lo acusó de fraudulento, intentó recortarle funciones y presupuesto, y promovió la narrativa de que "el pueblo puede organizar las elecciones".
Esa narrativa caló hondo. Hoy, gran parte de la población celebra que se le quite dinero al INE sin entender que no es un capricho de los consejeros: es el costo real de garantizar que tu voto valga lo mismo en el sur y en el norte.
En resumen: ahorrar en elecciones puede salirnos muchísimo más caro que gastar en ellas. Porque una democracia debilitada no se repara con buenos deseos ni con voluntarios; se repara con instituciones fuertes, profesionales y —sí— bien financiadas.
Cuando aplaudimos que "le bajen el presupuesto al INE", quizá estamos aplaudiendo, sin darnos cuenta, el principio del fin de las elecciones como las conocemos.
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