La noche de Cuesta podcast

Jupol clama contra la escolta de Sarah Santaolalla: "Y mientras tanto hay un policía por cada 100 mujeres maltratadas"

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Carlos Cuesta entrevista al portavoz de Jupol, Ibón Domínguez, sobre el nuevo caso de acoso de un alto cargo policial en la Embajada de Kenia. El portavoz de Jupol, Ibón Domínguez, ha alertado de las decisiones políticas en la asignación de los escoltas policiales. En una entrevista en el programa La Noche de Cuesta de esRadio, Domínguez ha criticado que Sara Santaolalla haya recibido protección policial exclusiva, movilizando a cuatro agentes del cuerpo, pese a no estar declarada judicialmente como víctima. "Se nos cae la cara de vergüenza", ha declarado Domínguez. "Hay mujeres víctimas que necesitan protección real y que no la reciben, mientras que se destina personal a alguien sin orden judicial. Esto obedece a una decisión política y no operativa".Los sindicatos policiales cuestionan la escolta a Sarah Santaolalla: de la petición de informes técnicos al "escándalo"J. Arias Borque Según el portavoz de Jupol, la situación de las unidades de protección está al límite. "Un policía puede tener a su cargo hasta 150 víctimas con riesgo real. Cuando un agente se va de vacaciones, otro debe asumirlas, pudiendo sumar más de 200 casos. Es materialmente imposible atenderlas todas", explica. Domínguez lamenta que la estructura de la Policía Nacional esté politizada: "Demasiados puestos son de libre designación. La cúpula está elegida por el ministro y el director general, lo que provoca órdenes políticas que no corresponden a criterios técnicos".Una desquiciada Sarah Santaolalla abandona entre lágrimas un plató: "Que no me enfoque la puñetera cámara"Libertad Digital El sindicato denuncia también el gasto público que supone la escolta asignada a Santaolalla, estimado en 12.000 euros. Domínguez subraya que "nos debemos al contribuyente y no deberíamos obedecer a intereses políticos". El portavoz advierte que esta situación genera estrés extremo entre los agentes: "Los compañeros reciben llamadas a cualquier hora y tienen que gestionar cientos de víctimas con riesgos reales, mientras que otras personas reciben cobertura que no necesitan judicialmente".

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