Sánchez se quedó sin comer

El magistrado instructor ordenó el ingreso en prisión de Santos Cerdán. En pocos días ha pasado de ser el todopoderoso secretario de Organización del PSOE y diputado en el Congreso a ser un preso común acusado de formar parte de una organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Las pruebas son abrumadoras y sus intentos de explicarse ante el juez han sido patéticos. No era más que un pobre hombre sin formación, escasas luces y ciega lealtad a Sánchez. Ahora se tendrá que determinar el alcance de los millones sustraídos con prácticas corruptas y saber si una parte era para el partido. En cualquier caso, los dos secretarios de organización del líder socialista han demostrado ser personas indeseables hasta extremos que eran impensables. 

La inmensa mayoría de los jueces y los fiscales se han movilizado para defender el Estado de Derecho frente al intento de Sánchez de controlar el Poder Judicial. La situación es tan grave que han sentido la necesidad de mostrar su rechazo no solo con las protestas de sus principales asociaciones, sino saliendo a la calle. Al sanchismo y sus aliados políticos y mediáticos les molestan unos jueces y fiscales independientes, porque instruyen causas que afectan a la familia presidencial y a la corrupción sistémica del PSOE. Les gustaría más contar con operadores del Derecho como Conde-Pumpido dispuestos a servir al poder político siempre que sea de izquierdas. No quieren juristas con una buena formación que superen unas oposiciones basadas en el mérito y la capacidad. Esa Justicia del pueblo que denominan democrática es, simplemente, una monstruosidad. Es la peor pesadilla para cualquier demócrata. Nos retrotrae a los planteamientos de la izquierda populista iberoamericana de Hugo Chávez, Cristina Kirchner, Daniel Ortega o Fidel Castro. Por supuesto, nada más cómodo que los jueces y fiscales que había en la Unión Soviética.

En Estados Unidos existe la figura conocida como «Pay to Play» (pagar para jugar), que es un concepto importante tanto en la política como en la administración pública. Se ha convertido en un símbolo de la corrupción institucionalizada. Esto afecta, también, a un acto lícito para conseguir un fin ilícito. Es utilizada por los fiscales en sus acusaciones y la condena más famosa fue a Rod Blagojevich, gobernador demócrata de Illinois, que intentó «vender» el escaño en el Senado que había dejado Barack Obama a cambio de favores o contribuciones. Por un momento, imaginemos que un candidato a la presidencia de los Estados Unidos necesita que le voten siete electores del Colegio Electoral para ser reelegido. La única salida que tiene es «comprar» esos votos con una orden ejecutiva o una ley que signifique amnistiar a unos políticos, entre los que se encuentran sus líderes, que han atentado contra el ordenamiento constitucional. Desde que se produjo ese acontecimiento tan grave, aseguró que una amnistía sería inconstitucional y que nunca lo haría. Por tanto, no solo conoce el fin ilícito de esa decisión, sino que había asegurado que se mantendría firme, pero, finalmente, lo acepta, hace que sus senadores y congresistas voten a favor y los magistrados del Tribunal Supremo que han sido nombrados por su partido acaban estableciendo que es constitucional.

El presidente del Tribunal Constitucional y sus mariachis deberían tener claro que en la vida no se puede tener todo. Lo sucedido con la sentencia que legitima la amnistía sería impensable en cualquier democracia de nuestro entorno. Los defensores del Estado de Derecho y la separación de poderes no se deben resignar ante esta felonía. No se puede aceptar ni esta mutación constitucional ni el uso alternativo del Derecho para complacer a Sánchez y sus aliados. Estamos ante una chapuza propia de juristas inexpertos y poco duchos en la Teoría del Estado y el Derecho Constitucional. Es cierto que los seis firmantes, encabezados por Conde-Pumpido que es

La ley de amnistía fue un escandaloso acto de corrupción política perpetrado por Pedro Sánchez para comprar el voto de siete diputados de Junts y conseguir la presidencia del Gobierno. Un acto de estas características haría nulo cualquier contrato. En cualquier democracia sería impensable que un tribunal constitucional independiente, a diferencia de lo que sucede en España con Conde-Pumpido y sus mariachistas sanchistas, validara algo tan reprobable e indigno como es la autoamnistía. Esto es posible por la catadura moral y la ausencia de principios de los magistrados progresistas del Constitucional, así como del escaso nivel jurídico de algunos. 

Su errática política exterior tiene como consecuencia convertirse en un socio muy poco fiable. Es el resultado de su debilidad política, ya que no cuenta con una mayoría parlamentaria sólida. Una muestra clara e inequívoca es que no puede presentar ni un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, como exige la Constitución, ni una cuestión de confianza. Su único horizonte es la supervivencia a cualquier precio, incluso incumpliendo la Constitución. 

La República de Weimar cayó por diversas razones, pero una de ellas y muy importante fue porque hubo juristas que traicionaron la Constitución. No se puede legitimar la sumisión de la legalidad al poder político. Es lo que hará Cándido Conde-Pumpido y sus mariachis aprobando la mayor felonía jurídica de la Historia del Derecho Español. El indigno comportamiento de dos catedráticas de Derecho Constitucional y varias magistradas y magistrados le acompañará siempre. Lo mismo se puede decir de los letrados de adscripción temporal que han elaborado, como buenas marionetas, el texto que quería Conde-Pumpido. 

Hay preguntas sobre Irán que son muy fáciles de responder. El tablero de Oriente Medio ha sido y es endiablado, pero no hay ninguna duda de que el régimen autoritario de los ayatolás es un factor de desestabilización permanente.

Dentro de unos años, la imagen del sanchismo serán las fotos de los protagonistas de la corrupción política y económica. Las veremos en los libros de historia que reflejarán lo peor de ese periodo aciago y serán las de Conde-Pumpido, Ábalos, Cerdán y Koldo, así como del propio Sánchez. La legislatura está acabada, aunque las elecciones sean en 2027.

Es una pregunta que se hace mucha gente con insistencia. No solo en el centro derecha, sino entre personas de izquierdas que contemplan horrorizadas la descomposición del Gobierno y las noticias que se suceden con monótona insistencia. No se trata de un único escándalo, sino de varios que se solapan informativamente y que cada uno de ellos provocaría la dimisión del presidente del Gobierno en cualquier país de la Unión Europea. Una vez más es la anomalía española. No hay duda de que en esto somos diferentes. Hay que aclarar que no había sucedido con ninguno de sus antecesores, pero la ausencia de cualquier principio ético es uno de los aspectos que caracterizan a Sánchez.