Caso Obregón (I): ¿dónde está el profesor? - Episodio 72

El profesor cántabro Borja Obregón, de 29 años, fue asesinado en 2005 por el carpintero Emilio Álvarez porque daba por hecho que el docente tenía una aventura amorosa con su esposa. Ella trabajaba en el mismo colegio que la víctima, el Gerardo Diego, de Santa María de Cayón. La Guardia Civil está convencida de que tales celos eran infundados, al menos en lo referido al asesinado.Tanto el carpintero como el ciudadano colombiano, Rubin Nelson Lozano, que le ayudó a cargar el cadáver en el coche, aseguraron que arrojaron a Borja al mar Cantábrico desde un acantilado, pero la imprecisión de sus declaraciones y la aparición de una vidente llegada de Barcelona, llevó a la familia y amigos a buscar el cadáver por tierra y mar.El cuerpo del profesor tardaría varios meses en aparecer y lo haría muy lejos de Cayón.

Borja Obregón Becerril, de 29 años, era profesor de primaria en el colegio Gerardo Diego de Santa María de Cayón, en Cantabria. Con planes para casarse muy pronto, voluntario en la Cruz Roja y entregado a su labor docente, el 20 de octubre de 2005, y teniendo un comportamiento del todo fuera de lo común en él, no fue a dormir a casa ni se presentó por la mañana a dar clases. Su familia muy alarmada –todavía vivía en casa de sus padres- se movilizó para dar con Borja. Fueron pasando las horas. Se habló con el colegio, donde nada sabían de él, y se contactó con la Guardia Civil. Finalmente, se dio con el coche del profesor cerca del domicilio de un carpintero que le estaba preparando un proyecto de cocina y que lo recibió en su garaje. Ese fue el último lugar donde los testigos situaron al desaparecido. Una serie de coincidencias dotaron al asunto de un barniz inquietante: el carpintero era el marido de una compañera de trabajo de Borja. Ambos eran profesores en el colegio Gerardo Diego. Al día siguiente de la desaparición, la mujer mantuvo una entrevista con la Guardia Civil en la que hizo unas sorprendentes y turbadoras revelaciones.

En la primavera de 2020, los habitantes de las poblaciones de las comarcas limítrofes de Valencia y Teruel tenían dos motivos de honda preocupación: la evolución de los afectados por el virus covid-19, que les obligaba a permanecer en sus casas, y las andanzas de Pedro Lozano, conocido como el Rambo de Requena, un ladrón que ocupaba casas y robaba víveres. El Rambo iba armado, por lo que se consideraba que era un delincuente potencialmente peligroso. En uno de sus asaltos llegó a disparar contra un viticultor, si bien lo hizo con cartuchos de fogueo. Sin embargo, una vez localizado en la villa turolense de Muniesa, y acorralado por dos miembros de la Guardia Civil, Lozano disparó a matar y malhirió a uno de los agentes. El fantasma de Igor el Ruso, un pistolero serbio que en 2017 mató a un joven ganadero y a dos guardias civiles, puso en alerta a las autoridades policiales. Más aún cuando el Rambo se dirigió a la misma población donde Igor el Ruso cometió sus crímenes: Andorra, la capital de la comarca de Sierra de Arcos. Había que detener al Rambo inmediatamente y se pusieron todos los medios para conseguirlo.

En los primeros meses de 2020, un misterioso individuo mantuvo en vilo a los habitantes de las comarcas de los Serranos y de la Foia de Buñol, en el interior de Valencia. Ocupaba casas, hacía acopio de víveres y robaba vehículos a punta de escopeta.Por su habilidad en camuflarse y desaparecer por los bosques y montes de la zona, los medios de comunicación lo bautizaron como el Rambo de Requena. Y el Rambo hizo honor a su apodo burlando una y otra vez los controles de la Guardia Civil.Cuando el Gobierno español decretó el estado de alarma para contener la espiral de contagios provocados por el virus covid-19, las fuerzas del orden concentraron sus esfuerzos en garantizar la aplicación de las medidas extraordinarias que se decretaron y relajaron la persecución del fugitivo.Las apariciones esporádicas del Rambo de Requena se mantuvieron en plena pandemia y cada vez fueron más agresivas. En la aldea de Ahillas, llegó a disparar a bocajarro al viticultor Juan José Martínez, a quien le intentaba robar su coche.La víctima, sin embargo, no sufrió ni un rasguño. En una casa ocupada por el Rambo se descubrió que vaciaba meticulosamente los perdigones de los cartuchos que cargaba en su arma. En realidad sus disparos eran de fogueo.

En los primeros meses de 2020, un ladrón armado con una escopeta tuvo en vilo a las aldeas y pedanías de las comarcas rurales de la provincia de Valencia. Por su vestimenta paramilitar y por su habilidad para esconderse en los montes se le conoció como El Rambo de Requena.           Este Rambo ocupaba casas aisladas, generalmente segundas residencias temporalmente deshabitadas, vaciaba los frigoríficos, usaba las duchas y los dormitorios de las casas e intentaba rehuir cualquier contacto con los habitantes, a excepción de cuando necesitaba desplazarse. Entonces, robaba coches a punta de escopeta.           La Guardia Civil organizó un ambicioso despliegue para localizarlo y detenerlo. Se usaron drones y hasta un helicóptero para intentar dar con él, temiendo que la actividad de ese bandido fuera a más.           El estado de alarma decretado por el Gobierno ante la pandemia provocada por el virus covid-19, dificultó aún más si cabe la búsqueda del fugitivo.

A pesar de los años transcurridos, y de que Serafín Cervilla, condenado por la violación y asesinato de su novia Marina Ruíz en 1999, goza ya de régimen penitenciario abierto, su defensa mantiene su inocencia todavía. Antonio Zamora, el letrado que le representó ante el Tribunal Supremo, apunta en Dossier Negro que una persona corpulenta, conocido de la familia de la víctima, pudo tener relación con el crimen. Se queja de que los Mossos d’Esquadra no investigaron esta teoría a fondo.

Marina Ruíz García apareció muerta sobre las vías del tren en 1999 en la localidad leridana de Cervera. En la autopsia, además de unas infames heridas internas causadas por la introducción de una barra de hierro, se descubrió que presentaba un mordisco profundo en uno de sus senos. Agotadas otras vías de investigación, los Mossos buscaron quién pudiera relacionar las marcas del pecho con la boca de algún sospechoso. Entonces fue cuando los investigadores quisieron que Serafín Cervilla Valle, el novio de la víctima –en la lista de posibles autores de la muerte de Marina- se dejara sacar un molde de su particular boca y él accedió sin problemas. Los forenses concluyeron que el autor del mordisco era Cervilla. Y no solo eso. Los peritos dijeron, además, que se había dado inmediatamente antes o después de la muerte de la joven. Fue la huella que delató al autor.

Una joven trabajadora del polígono industrial de Cervera apareció muerta en las vías del tren y lo que parecía un suicidio acabó convertido en un atroz crimen.El 15 de febrero de 1999, el día siguiente al de San Valentín, apareció sobre las vías del tren el cadáver semidesnudo de la joven de 24 años Marina Ruíz García, vecina de la localidad leridana de Cervera, donde se produjo el hallazgo. Aunque inicialmente los forenses tomaron el caso como un suicidio, tras la autopsia quedó claro que aquella muerte tenía un origen criminal. Además, la víctima parecía haber sido violada con una barra de hierro.Los Mossos, que desde un primer momento desconfiaron de una escena del crimen que nunca les pareció la de un suicidio, elaboraron sus hipótesis e hicieron su lista de sospechosos. Uno de ellos era el novio de la fallecida, Serafín Cervilla Valle, que acabaría detenido, acusado y condenado por asesinato y violación.Hoy, tras 25 años de los hechos y con autorización para ir a la cárcel sólo a dormir, Cervilla y sus abogados proclaman su inocencia como si todavía estuviéramos en 1999.

Aunque Manuel Delgado Villegas, también llamado el Arropiero, se inculpó de hasta 48 crímenes cometidos durante diez años a lo largo de la costa mediterránea, el fiscal Alejandro del Toro solo consideró que estaban suficientemente probados siete de ellos. Sin embargo, al principal asesino en serie de la historia criminal española nunca se le juzgó.El caso del Arropiero está plagado de errores y descuidos que pusieron en jaque a la judicatura española. En cuanto fue detenido y se le detectaron multitud de disfunciones mentales fue ingresado en el Centro Psiquiátrico de Carabanchel, donde fue sometido a electroshocks para atenuar su agresividad y donde cayó en el olvido.La Ley de Amnistía de 1977 llevó a reabrir su expediente y se descubrió que el interno, en los seis años que estuvo encerrado, nunca dispuso de abogado y, para más inri, se había extraviado su sumario.Se nombró a Juan Antonio Roqueta como letrado del preso, se halló el sumario extraviado y se cerró definitivamente su caso al ser declarado enfermo mental. Fue una decisión personal del fiscal Del Toro, que renunció a pedir para Manuel Delgado una sentencia de pena de muerte.El Arropiero murió el 2 de febrero de 1998 sin haber pisado jamás una cárcel.

El 18 de enero de 1971 la policía del Puerto de Santa María (Cádiz) detuvo a Manuel Delgado Villegas, de 28 años, como principal sospechoso de la desaparición de su novia, Antonia Rodríguez Relinque. Ante el estupor de los funcionarios, el detenido confesó con todo detalle el asesinato de la Toñi, pero también se inculpó de la muerte de Francisco Marín, cuyo cuerpo fue hallado sin vida dos semanas antes. Y no se detuvo ahí. Aseguró haber cometido hasta 48 asesinatos de 1960 a 1970.El Arropiero, como era también conocido el detenido por dedicarse a la venta ambulante de caramelos de arrope, se convertía así en el asesino en serie más importante de la historia del crimen en España. Los análisis psiquiátricos a los que fue sometido detectaron que Delgado padecía todo tipo de disfunciones, incluida una anomalía genética (el cromosoma XYY) que lo impelía a una agresividad extrema.Manuel Delgado, junto al inspector Salvador Ortega Mallén y dos policías más recorrieron la costa mediterránea para confirmar los homicidios. Se hallaron pruebas suficientes en siete de los casos, en un viaje plagado de anécdotas y de un sorprendente buen humor.El Arropiero ingresó en el Centro Psiquiátrico de Carabanchel sin ser juzgado. Y allí quedó, sometido a electroshocks y olvidado, hasta que la Ley de Amnistía de 1977 obligó a revisar su caso.